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Por: Fidel Gastelum, Reportero
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó por unanimidad como inconstitucional la reforma al artículo 8° transitorio de la constitución de Baja California, en la que se contempla la amplitud del periodo de la gubernatura del estado de 2 a 5 años, correspondiente a la elección del 2 de Julio de 2019. Por lo que, ante esta resolución oficial, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla permanecerá en el cargo hasta noviembre de 2021.
Tras el proyecto presentado por el Ministro José Fernando Franco González, en el que señaló la invalidez constitucional de la reforma aprobada por la XXIII legislatura del estado de BC, entre otros motivos, y se contrapuso a lo establecido en la constitución federal, respecto a los tiempos y las formas en que debe presentarse la iniciativa de ley, previo al proceso electoral.
Durante la sesión, se hizo hincapié en la inviabilidad de la reforma, ya que esta debe presentarse al menos 90 días antes del voto ciudadano, y no contempla posibilidad laguna de realizarse después de la elección, y menos aun cuando el tribunal de justicia electoral del estado, revisa las condiciones en que se dio el proceso de elección, y otorga la validez del mismo, estableciendo en este caso, el periodo de dos años, que oficialmente estaba programado.
De igual manera, la Corte Federal resaltó que no es posible simular la voluntad popular mediante un consenso o consulta ciudadana, puesto que el sufragio es el único instrumento legal para hacerlo. Por tanto, el congreso de un estado miembro de la federación, no puede hacer uso de sus facultades para modificar los periodos establecidos para un cargo de elección popular, en un artículo atemporal o transitorio.
Finalmente, los ministros reiteraron su compromiso con la confianza de los ciudadanos y el respeto al estado de derecho, siendo la certeza jurídica uno de los principios fundamentales que constituyen la Carta Magna, que rige las formas y los tiempos en que se deben desarrollar las campañas, elecciones, y los periodos de transición, para garantizar las bases dentro del sistema democrático.
