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-Editorial
El Fiscal General de California, Rob Bonta, el Gobernador Gavin Newsom, el Departamento de Transporte de California y la Comisión de Energía de California anunciaron hoy que el estado ha co-liderado una coalición de 17 estados en la presentación de una demanda contra la Administración Trump por presuntamente retener miles de millones de dólares en fondos federales destinados a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés).
La demanda, presentada en un tribunal federal, impugna una directiva emitida por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) bajo la Administración Trump, que detuvo la distribución de fondos del programa de fórmula de $5 mil millones del Programa Nacional de Infraestructura de Vehículos Eléctricos (NEVI). Este programa fue creado en 2022 mediante la Ley Bipartidista de Infraestructura para apoyar la expansión nacional de redes de carga de vehículos eléctricos.
Según la demanda, la directiva de la FHWA revoca la aprobación de los planes estatales de infraestructura EV previamente presentados y aprobados a nivel federal, y retiene fondos ya asignados por el Congreso. Funcionarios de California afirman que esta medida podría costar al estado más de $300 millones, poner en riesgo miles de empleos y perjudicar los planes para construir una red estatal de estaciones de carga.
“La demanda por transporte limpio sigue creciendo, y California estará al frente de esta transición hacia un futuro más sostenible y con menos emisiones,” declaró el Fiscal General Bonta en un comunicado.
El gobernador Newsom añadió que la retención de estos fondos socava la innovación y el crecimiento del empleo en Estados Unidos. “La acción del presidente Trump representa un retroceso en la infraestructura para vehículos eléctricos que beneficia a la nación y debilita la competitividad del país,” señaló.
California lidera a nivel nacional la adopción de vehículos de cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés), con más de dos millones de ZEV vendidos en el estado, lo que representa más del 30% de todos los ZEV vendidos en el país. La Comisión de Energía de California proyecta que se necesitarán cientos de miles de puertos de carga adicionales en los próximos años para cumplir con los objetivos climáticos y de transporte. El plan NEVI del estado, que ya había sido aprobado por el gobierno federal, contempla $384 millones en fondos para construir dicha infraestructura.
La demanda argumenta que la directiva de la administración viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de los Estados Unidos al anular asignaciones presupuestarias del Congreso. Los demandantes solicitan una orden judicial preliminar para detener la retención de fondos y una sentencia que declare ilegal la directiva.
California co-lidera la demanda junto con los estados de Washington y Colorado. También se unieron los fiscales generales de Arizona, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
Este caso se suma a otras disputas legales en curso entre los estados y el gobierno federal relacionadas con políticas ambientales y energéticas.